Sumario:

Ha sostenido la doctora en derecho y profesora de derecho civil doña Lilian San Martín Neira, en su artículo “El pago al poseedor del crédito. Un caso de apariencia culposa”, Estudios de Derecho Civil VIII, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Cruz, 2012, que, para que se configure el fenómeno del acreedor aparente debe haber un conjunto de circunstancias unívocas, que objetivamente induzcan al deudor al error de considerar al sujeto a quien paga es el acreedor, siendo, además necesario que el origen de esas circunstancias sea de algún modo atribuible al acreedor. Por consiguiente, ha señalado, que para otorgar validez al pago hecho al acreedor aparente –que supone sacrificar el interés del verdadero acreedor-, es necesario que la confianza que infunde la apariencia del acreedor a quien paga, sea razonable y sin culpa, que se trate de un error excusable, siendo, de esta manera exigible una carga de diligencia al deudor, pues el derecho no protege a los negligentes, concluyendo, que para que el pago sea válido, el deudor debe realizar aquellas diligencias que un buen padre de familia ejecutaría, esto es, respondería de la culpa leve.


Concepción, diez de mayo de dos mil dieciséis.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:
Se eliminan los fundamentos 13° y 14°;
En el razonamiento 15°, se muta la oración “Que, en tales condiciones, la demanda de cobro de pesos no puede prosperar y será desestimada sin mayores dilaciones, debiendo igualmente”, por la siguiente: “Que, deberá”;
En el considerando 18°, se reemplaza la oración que se inicia con la expresión “Que” de la primera línea, hasta el numeral “3.500” de la línea cinco, por la siguiente: “Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2° del Decreto Ley N° 3.500 a la AFP demandada”;
En el motivo 21°, línea dos, se sustituye la cantidad “10.000.000” por “3.000.000”.
Y TENIENDO, EN SU LUGAR, ADEMÁS, PRESENTE:
1°.- Que la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince, escrita de fojas 473 a 480, indica, en lo que dice relación con el recurso, que se rechaza, sin costas, en todas sus partes la demanda de cobro de pesos interpuesta por doña Gisela Andrea Sotomayor Cruz en contra de AFP Hábitat S.A. a fs. 3 y siguientes; y que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios incoada por la actora en el primer otrosí del antes referido libelo, en contra de AFP Hábitat S.A., ordenando a ésta pagar a la actora la suma de diez millones de pesos por daño moral, con los reajustes e intereses que indica.
2°.- Que a fojas 484, el apoderado de la demandante recurre de apelación en contra del aludido fallo, solicitando sea revocada en cuanto rechaza la demanda de cobro de pesos deducida en lo principal y que en su lugar se declare que ésta queda acogida, en todas sus partes, con costas, por cuanto estima que la AFP Hábitat fue negligente al pagar a una aparente acreedora; y se confirme la demanda de indemnización de perjuicios, con declaración que se aumenta el monto del daño moral a $ 40.000.000 o a la suma que esta Corte determine, con costas, por la gravedad del perjuicio causado.
3°.- Que, por su parte, a fojas 494 el apoderado de la demandada AFP Hábitat S.A., se alza de apelación en contra del aludido fallo, en la parte que negó lugar al pago de las costas a la actora -a quien se le rechazó su demanda de cobro de pesos- y en su lugar se declare que queda condenada a éstas, toda vez que, a su juicio, la actora no tuvo motivo plausible para litigar. Asimismo, solicita la revocación de la decisión del fallo en estudio, que acogió la demanda por indemnización de perjuicios en la suma de $10.000.000 y en su lugar se declare que no hace lugar a ella, con costas, por improcedente, al considerar que su parte obró de buena fe, o, en subsidio, se rebaje al mínimo, conforme al mérito del proceso.
4°.- Que respecto de la demanda de cobro de pesos, el asunto a dilucidar es, si la AFP Hábitat fue diligente en dar por establecido que una madre de hija no matrimonial vivió a expensas del afiliado fallecido, disponiendo el beneficio de la pensión de sobrevivencia en su favor; y si pagó de buena fe a la Compañía de Seguros al traspasarle los fondos de pensiones, por sobre los derechos de herencia que reclamaba la hija del causante.
5°.- Que para una correcta comprensión del asunto, es necesario dejar asentado que son hechos aceptados por las partes, por lo que se tienen como indubitados, los siguientes:
a) Que don José Sergio Sotomayor Villalobos falleció el 4 de febrero de 2008 y era afiliado de AFP Hábitat, sin haber efectuado declaración de beneficiarios en la referida institución previsional.
b) Que el 15 de mayo de 2008, AFP Hábitat le remite una carta de respuesta a doña Gisela Sotomayor Villalobos, que rola a fs. 239, adjuntándole certificado de herencia correspondiente al saldo de la cuenta de capitalización del afiliado don José Sotomayor Villalobos (que obran a fs. 240 y 241), indicándole, que una vez obtenida la posesión efectiva, junto al certificado de pago o exención de impuestos, deberá presentarla en la administradora, para que fiscalía proceda a autorizar el pago de los fondos a título de herencia.
c) El 28 de mayo de 2008, doña Leontina Cruz Beltrán solicita la pensión de sobrevivencia de Sotomayor Villalobos, adjuntando declaración jurada de beneficiaria (fs. 246), en el sentido al 4 de febrero de 2008, era soltera y vivía a expensas de José Sergio Sotomayor Villalobos y dos informes de asistente social.
d) El 11 de julio de 2008 se concedió a doña Gisela Sotomayor Villalobos la posesión efectiva de don José Sotomayor Villalobos.
e) El 8 de septiembre de 2008 la AFP hábitat entregó al Consorcio Nacional de Seguros el fondo de pensiones del causante por un monto de $20.735.363.
f) Por sentencia ejecutoriada de 14 de abril de 2011, dictada en los autos civiles rol 7.181-2008, del Primer Juzgado Civil de Concepción, se declaró que doña Leontina del Tránsito Cruz Beltrán no es beneficiaria de pensión de sobrevivencia del causante José Sergio Sotomayor Villalobos, por no haber acreditados todos los requisitos del artículo 9 del DL 3500.
6°.- Que el artículo 1.576 del Código Civil establece que “Para que sea válido el pago, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro.
El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.”.
7°.- Que los presupuestos que hacen aplicable la figura contenida en el referido inciso segundo, requiere, copulativamente: a) la posesión del crédito por el falso acreedor, y b) La buena fe del deudor.
Respecto del primer requisito, “El accipiens debe estar en posesión del crédito, posesión jurídica que no se refiere a la mera tenencia material del título justificativo de la deuda. Esto es, debe tratarse de un acreedor que aparece como tal, sin serlo.” (Abeliuk Manasevich, René Tratado de las Obligaciones, Tomo II, pág.23).
Para esclarecer a quien se entiende por poseedor del crédito se ha dicho por la doctrina que no debe entenderse a quien materialmente detente el crédito, su título, sino quien en apariencia es acreedor. (Larraín Ríos, Hernán; Teoría General de las Obligaciones. Editorial Lexis-Nexis, página 334). De manera que es menester para que el deudor se encuentre protegido por esta norma que exista una apariencia de titularidad del crédito. (Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 8 de marzo de 2012, en causa rol 4313-11).
8°.- Que, ha sostenido la doctora en derecho y profesora de derecho civil doña Lilian San Martín Neira, en su artículo “El pago al poseedor del crédito. Un caso de apariencia culposa”, Estudios de Derecho Civil VIII, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Cruz, 2012, que, para que se configure el fenómeno del acreedor aparente debe haber un conjunto de circunstancias unívocas, que objetivamente induzcan al deudor al error de considerar al sujeto a quien paga es el acreedor, siendo, además necesario que el origen de esas circunstancias sea de algún modo atribuible al acreedor. Por consiguiente, ha señalado, que para otorgar validez al pago hecho al acreedor aparente –que supone sacrificar el interés del verdadero acreedor-, es necesario que la confianza que infunde la apariencia del acreedor a quien paga, sea razonable y sin culpa, que se trate de un error excusable, siendo, de esta manera exigible una carga de diligencia al deudor, pues el derecho no protege a los negligentes, concluyendo, que para que el pago sea válido, el deudor debe realizar aquellas diligencias que un buen padre de familia ejecutaría, esto es, respondería de la culpa leve.
9°.- Que en este estadio de exigencia al deudor, para determinar si obró de buena fe conforme al inciso 2° del artículo 1576 del Código Civil, con los antecedentes probatorios aportados legalmente al proceso, conforme a lo razonado en los motivos 18°, 19° y 20° del fallo que se reproduce, se comprueba que el demandado, como deudor y custodio de los dineros ajenos puestos bajo su administración, no fue diligente en dicho cometido, por cuanto, en conocimiento de la existencia de una heredera, como lo reconoce expresamente en carta de 15 de mayo de 2008, a quien le entrega un certificado de herencia, con anterioridad a la solicitud efectuada el 28 de mayo de 2008 por doña Leontina Cruz Beltrán reclamando la pensión de sobrevivencia de Sotomayor Villalobos no adoptó los resguardos de prudencia, para requerir mayores antecedentes a la solicitante, a fin de comprobar que vivía a expensas del padre de la hija no matrimonial, debiendo haber mantenido, intertanto, sin liberar el fondo de capitalización de su afiliado.
10°.- Que, de esta forma, al proceder la demandada a pagar los fondos de pensiones al Consorcio, para que la beneficiaria de sobrevivencia obtuviera el pensión solicitada, no fue diligente en verificar que doña Leontina vivía a expensas del afiliado, razón por la que no se aplica el inciso 2° del artículo 1576 de haber obrado de buena fe y por consiguiente, el pago efectuado por la AFP Habitat al Consorcio no tiene efecto liberatorio, permaneciendo íntegra su obligación de deudora por la suma de $20.072.987 a la actora de autos, como heredera del fondo de capitalización del causante en la referida institución previsional.
11°.- Que respecto del daño moral, si bien se comparte el razonamiento de la juez a quo, en cuanto a que el ilícito culposo que debió soportar la actora le produjo un quebranto psicológico, al tener que concurrir varias veces ante la AFP para obtener los fondos de capitalización de su padre, de quien era la única heredera, y que le habían reconocido el 15 de mayo de 2008, sin lograr su objetivo, debiendo litigar por varios años para obtener su pago, incluso en contra de lo madre, teniendo derecho a ser indemnizada por ello, lo cierto es que no acompañó prueba objetiva respecto de la intensidad de tal perjuicio extra patrimonial, de manera que esta Corte estima reducirlo a la suma de tres millones de pesos.
Por estas reflexiones y lo dispuesto en los artículos 1567, 1598 y 1599 del Código Civil y 186 del de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince, escrita de fs. 473 a 480, en la parte que rechaza, sin costas, la demanda de cobro de pesos interpuesta por doña Gisela Andrea Sotomayor Cruz en contra de AFP Hábitat S.A. y en su lugar se declara que ésta queda acogida, con costas, la demanda deducida a fs. 3 y siguientes, condenándose a AFP Hábitat a pagar a la actora la suma de $20.072.987, mas reajustes correspondientes a la variación del índice de precios al consumidor desde el mes anterior al 8 de septiembre de 2008 (fecha del pago del fondo de capitalización al Consorcio de Seguros) y hasta el mes que preceda a su pago efectivo, más los intereses legales para operaciones reajustables, desde que el fallo quede ejecutoriado y su efectivo pago.
Se confirma, en lo demás, con declaración, que se reduce la indemnización por daño moral en favor de doña Gisela Andrea Sotomayor Cruz que debe pagar AFP Hábitat S.A en la suma de tres millones de pesos, con los reajustes e intereses que señala el fallo en estudio.
Redacción del Ministro señor Carlos Aldana Fuentes.
Regístrese y devuélvase con su custodia.
No firma el Ministro señor Renato Campos González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse en curso en la Academia Judicial.
Rol N°1515-2015.Sección Civil.
PRONUNCIADA POR LA SEXTA SALA integrada por los ministros Sr. Renato Campos González, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse en curso en la Academia Judicial y ausente, Sr. Carlos Aldana Fuentes y abogado integrante Sr. Gonzalo Montory Barriga.
En Concepción, a diez de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.