Sumario:

El señalar bienes para la traba del embargo, instar a la concreción del mismo estampándolo en el expediente y notificando al Conservador de Bienes Raíces, no pueden tener el carácter de diligencias aptas para suponer un avance real del proceso, en términos que ella hubiere de servir de base insustituible para su continuidad, y por ende este tribunal concuerda con el criterio de la sentencia impugnada, porque las aludidas no constituyen una resolución recaída en alguna gestión útil, de alguna de las partes, para dar curso progresivo a los autos, cual es la muy clara exigencia legal.


Santiago, veintitrés de marzo del año dos mil diez.
Vistos:
En estos autos ingreso Corte N° 5.507-2.008 sobre juicio ejecutivo, caratulados “Ilustre Municipalidad de Pirque con El Principal S.A.”, por resolución del Tercer Juzgado Civil de Puente Alto, de fecha dos de abril de dos mil ocho, que se lee a fojas 397, se rechazó el incidente de abandono del procedimiento solicitado por la demandada. Apelada que fuera esta decisión, la Corte de Apelaciones de San Miguel, el dos de julio de dos mil ocho, según consta de fojas 596, revocó la resolución apelada, y en su lugar declaró que se acogía el incidente de abandono del procedimiento.
Contra esta última sentencia la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento una vez declarado admisible, se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
PRIMERO: Que por el recurso en estudio se denuncia infringido en primer término el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, al no valorar como ?gestión útil? un embargo de bienes. Sostiene que ?cesar en la prosecución del procedimiento? debe relacionarse con la actividad de las partes para poner en marcha el proceso con el objeto de que éste contin ‘fae hasta llegar a su fin; así no sólo constituyen gestiones útiles aquellas que tienden al fallo de la causa, sino que también las que se enmarquen dentro de las finalidades del proceso civil. Explica que en el procedimiento ejecutivo, como es el caso, no sólo se busca obtener una declaración de certeza de una obligación controvertida en razón de las excepciones propuestas, sino que adicional a ello, se requiere asegurar el resultado de tal ejecución por la vía del embargo. Desde este punto de vista, esta parte estima que el señalar bienes para la traba del embargo, instar a la concreción del mismo estampándolo en el expediente y notificando al Conservador de Bienes Raíces, constituyen gestiones útiles en un juicio ejecutivo, teniendo en cuenta que el objetivo principal de este tipo de juicios es asegurar bienes con los cuales el acreedor pueda hacerse pago de lo adeudado;
SEGUNDO: Que, además, se acusa la infracción de los artículos 468 y
469 en relación con el artículo 152 todos del Código de Procedimiento Civil. Del análisis de estos artículos se desprende que es el tribunal y no las partes quien debe citar a oír sentencia. De esta forma en estos autos el 31 de mayo de 2002 se recibió a prueba las excepciones, resolución que fue notificada a las partes el 3 de octubre del mismo año, de modo que el término probatorio venció el 15 de ese mes, después de lo cual los autos deberían haber quedado en la secretaría del tribunal para las observaciones a la prueba, después de lo cual era procedente que se citara a las partes a oír sentencia;
TERCERO: Que, por último, se denuncia la vulneración de los artículos 158, 187 y 188 todos del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la resolución que rechazó el incidente de abandono del procedimiento es un “auto” y no una “sentencia interlocutoria”, por lo que no era susceptible de recurso de apelación;
CUARTO: Explicando la influencia sustancial que estos errores han tenido en lo dispositivo del fallo, indica que de no haberse cometido, los jueces habrían rechazado la incidencia de abandono del procedimiento;
QUINTO: Que, en primer lugar, resulta conveniente señalar que se establecieron como hechos en esta causa, los siguientes:
a) Con fecha 31 de mayo de 2002, se dictó la resolución que ordenó recibir la causa a prueba, ordenándose su notificación por cédula;
b) La parte ejecutante, el 16 de octubre de 2002, acompañódocumentos y solicitó que se despachara oficio a la Ilustre
Municipalidad de Las Condes;
c) El 21 de octubre de 2002, la ejecutada objetó el antedichodocumento y en escrito separado presentado el 22 del mismo mes y año, reiteró medios de prueba y, por su parte, acompaño otros documentos;
d) El 28 de octubre de 2002, la ejecutante evacuó el traslado de la objeción formulada por la contraria, solicitó cotejo de documentos e impugnó el acompañado por la ejecutada;
e) Por resolución de 5 de noviembre de 2002, se tuvo por evacuado eltraslado de la objeción y se dispuso “autos”;
f) El 19 de noviembre de 2002 el tribunal no dio lugar al recurso dereposición interpuesto por la ejecutada, por medio del cual se solicitaba que se recibiera a prueba el incidente de objeción;
g) El 24 de junio de 2003, la parte ejecutada solicitó que se declararaabandonado el procedimiento;
SEXTO: Que el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil dispone que “el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuren en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en gestión útil para dar curso progresivo a los autos”;
SÉPTIMO: Que, como puede verse, la institución jurídica del abandono del procedimiento constituye una sanción para la inactividad de las partes en un proceso judicial, la que sólo puede hacerse efectiva mediante solicitud del demandado, en este caso el ejecutado. Las exigencias básicas consisten en que todas las partes que figuran en el juicio, hayan cesado en su prosecución, y además, que la falta de actividad se haya prolongado durante seis meses.
Que debe entenderse por “gestión útil” toda presentación que tenga por objeto llevar a cabo cualquier trámite o diligencia del proceso que sirva para dar curso progresivo a los autos, impulsando el proc eso hacia la sentencia definitiva. En este mismo sentido, se requiere que, en tales condiciones, la parte esté en situación de interrumpir efectivamente esta suspensión en la tramitación del procedimiento, o que haya realizado todo lo que la ley requiere para dejarlo en condiciones de que el conflicto sea decidido por el órgano jurisdiccional. Por consiguiente, sólo cabe decir que todas las partes de un juicio han cesado en su prosecución, cuando teniendo los medios conducentes a instar por la terminación del pleito -gestiones útiles- se niegan a utilizarlos, sea por negligencia u otra causa dependiente de su voluntad;
OCTAVO: Que, en la especie, según se desprende de los autos, la resolución recurrida por la presente vía precisó que la última resolución recaída en una gestión útil para dar curso progresivo al procedimiento, es la del 19 de noviembre de 2002, de fojas 285 y estableció que por ello se encuentra acreditado que las partes cesaron en su prosecución por un término superior al requerido por la ley;
NOVENO: Que las actuaciones que invoca la recurrente ?diligencias tendientes a la realización del embargo- no constituyen gestiones útiles para el fin antes indicado, por cuanto por medio de ellas no se tiende a la prosecución de la litis ni a la dictación de la sentencia definitiva, más bien se busca concretar la finalidad del embargo, diligencia que ya estaba dispuesta en los autos. Al respecto, es útil señalar que el juicio es una secuencia consecutiva de actos procesales, uno antecedente del otro, de modo que en el caso de autos, para que el juicio siguiera el curso que correspondía, sólo cabía al demandante instar por la notificación de la resolución que llamaba a las partes a acreditar los fundamentos de sus asertos, única forma de pasar al estadio procesal siguiente.
Que la argumentación dada por el recurrente en lo que dice relación con la particularidad del juicio ejecutivo para estos efectos no tiene cabida por dos órdenes de consideraciones. Primero, porque el cuaderno de apremio se encontraba suspendido en su tramitación, por lo que las diligencias que se hicieran a su respecto no podían tener como efecto “dar curso progresivo a los autos”. Segundo, porque dicho cuaderno sólo tiene por objeto contener las diligencias encaminadas a la rea lización de bienes para el cumplimiento de la obligación hecha valer por el actor, de modo que es el cuaderno principal el que tiene por objeto ser el depositario de aquellas actividades n
ecesarias para llegar a la dictación de la sentencia definitiva;
DÉCIMO: Que, acorde con lo expuesto, necesario es concluir que en este caso, el señalar bienes para la traba del embargo, instar a la concreción del mismo estampándolo en el expediente y notificando al Conservador de Bienes Raíces, no pueden tener el carácter de diligencias aptas para suponer un avance real del proceso, en términos que ella hubiere de servir de base insustituible para su continuidad, y por ende este tribunal concuerda con el criterio de la sentencia impugnada, porque las aludidas no constituyen una resolución recaída en alguna gestión útil, de alguna de las partes, para dar curso progresivo a los autos, cual es la muy clara exigencia legal;
UNDÉCIMO: Que en lo tocante al segundo argumento sobre el que se construye este recurso de casación, cabe consignar que él es contradictorio con el indicado en el considerando anterior, por cuanto cómo es posible que se sostenga, por una parte, que no ha cesado su actividad en el procedimiento toda vez que ha realizado diligencias tendientes a la realización del embargo, y por otra parte, sostener que teniendo en cuenta el estado de la causa, no cabía otra cosa que citar a las partes a oír sentencia. Esta incongruencia en las argumentaciones, teniendo en consideración que se trata de un recurso de derecho estricto, no permite su consideración o análisis. Por último respecto de esta materia, la propia actividad de la recurrente revela que su intención no era que se dictara sentencia, sino que buscaba la realización de una serie de diligencias que no estaban orientadas a la solución del litigio, sino que a instar por la realización del embargo, en circunstancias que el cuaderno de apremio se encontraba suspendido por la interposición de excepciones en contra de la ejecución;
DUODÉCIMO: Que en lo referente al tercer argumento en el que se funda la casación, esto es, que la resolución que rechazó el abandono del procedimiento no era apelable, y que por ende, al avocarse al conocimiento de ella el Tribunal de segunda instancia habría incurrido en vulneración a lo dispuesto en los art ‘edculos 158, 187 y 188 del Código de Procedimiento Civil, lo que realmente se está alegando por la recurrente no es otra cosa que la incompetencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel para conocer del recurso interpuesto en contra de la resolución que no dio lugar al incidente de abandono del procedimiento. Desde este punto de vista la causal que se habría configurado es la que contempla el N° 1 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley”. Teniendo en consideración lo antes señalado, y lo dispuesto en el artículo 769 del mismo cuerpo legal, debió haberse preparado dicho recurso, esto es, haber “reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley”, lo que se traduce en haber recurrido de hecho, en los términos previstos en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, o haber interpuesto recurso de reposición de la resolución que concedió el recurso de apelación deducido por la ejecutada en contra de la resolución que rechazó el incidente de abandono del procedimiento, todas cuestiones que no fueron efectuadas por el ejecutante;
DÉCIMOTERCERO: Que, por lo anteriormente expuesto, resulta suficiente para dejar en claro que, en concepto de este tribunal, en la especie se han dado las exigencias legales para decretar el abandono del procedimiento, y las actuaciones que se invocaron por la parte ejecutante no tienen la naturaleza jurídica de resolución que recaiga en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos, por lo que la conclusión a que se llega es que no ha existido infracción de los preceptos invocados por el recurso, de tal manera que éste no puede prosperar y debe ser desestimado.
De conformidad, asimismo,
con lo que disponen los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 599, contra la sentencia de dos de julio del año dos mil ocho, escrita a fojas 596.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Medina.
Nº5.507-2008.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sra. Sonia Araneda Briones y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Medina Cuevas y Sr. Guillermo Ruiz Pulido. No firman los Abogados Integrantes Sr. Medina y Sr. Ruiz, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar ambos ausentes.
Santiago, 23 de marzo de 2010.
Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.
En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil diez, notifiqué en secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.