Santiago, trece de noviembre de dos mil ocho.
VISTO:
En este juicio sobre procedimiento ordinario, demanda de cobro de pesos, rol Nº 7.028-2005, del 4º Juzgado Civil de San Miguel, caratulado “Banco de Chile c/ Pablo Bustamante, Roberto”, por resolución de 12 de abril de 2007, el juez de dicho tribunal acogió, con costas, el incidente de abandono de procedimiento deducido por el demandado don Roberto Alejandro Pablo Bustamante.
Apelada esta sentencia por el demandante, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel la confirmó.
Contra esta última sentencia la aludida parte dedujo recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia d e segunda instancia, que confirmó el fallo del tribunal a quo, que a su vez declaró el abandono del procedimiento, ha sido dictada con infracción a las normas legales contenidas en el Título XVI del Libro I del Código de Procedimiento Civil, especialmente del artículo 152 del citado cuerpo normativo, según pasa a explicar.
Sostiene que la sentencia recurrida negó valor a las actuaciones que fueron realizadas por su parte en primera instancia con el objeto de dar curso progresivo a los autos y que, a su juicio, habrían interrumpido el plazo legal de seis meses, indispensable para solicitar el abandono del procedimiento.
Argumenta que cuando el demandado efectuó el pago previsto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil a fin de que se confeccionaran las compulsas que debían ser remitidas al tribunal de alzada, la obligación o carga procesal de enviar el expediente compulsado quedó radicado en el tribunal de primera instancia, en cumplimiento de lo dispuesto previamente en la resolución judicial de 10 de enero de 2006, que concedió el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo y en razón de lo prevenido en el artículo 198 del citado estatuto legal.
Afirma que su parte no fue omisa o negligente en orden a dar curso progresivo a la apelación que fue presentada por el demandado, sino que, muy por el contrario, a través de la presentación de un escrito de fecha 6 de junio de 2006, realizó la única gestión judicial que era procedente ante la no remisión del expediente y sobre todo, frente a la pérdida del mismo, la cual consistió en una solicitud de certificación de extravío, requisito indispensable para, de ser necesario, poder reconstituirlo, gestiones previas e indispensables para dar a continuación curso progresivo al envió del expediente a segunda instancia.
Señala que la última resolución dictada en el proceso correspondía a la de fecha 10 de enero de 2006 y que el escrito de certificación de extravío presentado el 6 de junio del mismo año interrumpió el plazo previsto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, de modo tal, que el abandono de procedimiento fue erróneamente declarado por el tribunal;
SEGUNDO: Que para una adecuada inteligenc ia del asunto y resolución del recurso de casación en el fondo interpuesto, cabe tener presente las siguientes circunstancias del proceso:
a).- Por resolución de fecha 10 de enero de 2006, el tribunal a quo negó lugar al recurso de reposición deducido por la parte demandada en contra la resolución que tuvo por contestada la demanda en rebeldía suya; tuvo por interpuesta la apelación impetrada en subsidio del anterior arbitrio, concediéndola en el sólo efecto devolutivo; y ordenó remitir en su oportunidad las compulsas a la Corte de Apelaciones respectiva.
b).- El 16 de enero de 2006 se certificó el hecho de haber dado el demandado cumplimiento, en su calidad de apelante, a la carga procesal prevista en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. c).- Mediante presentación de fecha 6 de junio de 2006 el demandante solicitó al tribunal se certificara el extravío del expediente.
d).- La remisión de las referidas compulsas a la Corte de Apelaciones se verificó el 21 de septiembre de 2006.
e).- El demandado solicitó la declaración de abandono de procedimiento el 13 de noviembre de 2006, señalando que la causa se encontró paralizada por más de seis meses, siendo la última resolución recaída en gestión útil, aquella dictada con fecha 10 de enero de ese año;
TERCERO: Que la sentencia recurrida que confirmó el fallo de primer grado, acogiendo en definitiva la incidencia planteada por el demandante, razonó para llegar a tal decisión que el lapso de paralización exigido por el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil se cumplió en autos en el período comprendido entre el 10 de enero de 2006, fecha en que “se dictó la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos” y el 13 de noviembre de 2006, data de la presentación en que se solicitó por el demandado la declaración de abandono del procedimiento;
CUARTO: Que los hechos y antecedentes generales del proceso relacionados en el motivo segundo y las alegaciones del recurrente, dejan en claro que el problema planteado a la resolución de los tribunales de la instancia, como a esta Corte de Casación, radica en resolver: 1.- si la sola presentación del escrito en que se requirió al tribunal la certificación de extravío del expediente de autos tuvo la facultad de interrumpir el plazo de seis meses previsto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil; y 2.- si debió entenderse radicado el impulso procesal en el tribunal por el hecho de haberse concedido una apelación en el sólo efecto devolutivo, habiendo dado el apelante cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 197 del referido cuerpo legal;
QUINTO: Que en este contexto, la situación de derecho está circunscrita a lo que dispone el legislador en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que el procedimiento se entiende abandonado cuando “todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”.
En el análisis de la expresión “cesación” de las partes en la prosecución del juicio, la doctrina la asimila al silencio en la relación jurídica, a la inactividad de las partes, motivada por su desinterés en obtener una decisión por parte de los tribunales del conflicto sometido a su conocimiento. Sin embargo, tal pasividad debe ser culpable, esto es, advirtiendo y aceptando el interesado las consecuencias perjudiciales que se derivarán de su desidia, no obstante lo cual nada hace por activar el procedimiento. En este caso el comportamiento es voluntariamente omisivo, pudiendo la parte interesada -el actor representarse o no el resultado perjudicial, confiando en que éste no se producirá o aceptándolo. En estas condiciones, la parte ha de estar en situación de interrumpir efectivamente esta suspensión en la tramitación del procedimiento o ha de haber realizado todo lo que la ley le requiere para dejarlo en condiciones de que el conflicto sea decidido por el órgano jurisdiccional. Así, debe estar en circunstancias que le permitan sacar de la inactividad el procedimiento y de impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, las que no deberán consistir en la repetición de presentaciones que en nada contribuirán a ponerle término.
“Podemos afirmar que se habrá cesado en la tramitación del juicio cuando, existiendo la posibilidad de que las partes del proceso realicen actos procesales útiles a la prosecución del mismo, omiten toda gestión o actuaciones tendientes a preparar los elementos que permiten llegar al estado de sentencia. Por consiguiente. Sólo cabe decir que todas las partes de un juicio han cesado en su prosecución, cuando teniendo los medios conducentes a instar por la terminación del pleito se niegan a utilizarlos, sea por negligencia u otra causa dependiente de su voluntad” (Del Abandono del Proceso, Alma Wilson Gallardo, página 20, Editorial Jurídica de Chile);
SEXTO: Que una interpretación del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil a la luz de lo previsto en el artículo 19 del Código Civil, conduce inevitablemente a descartar la pertinencia de la alegación del recurrente, en orden a que la sola presentación de un escrito en que solicitaba la certificación de extravío del expediente habría tenido la facultad de interrumpir el término legal de seis meses, pues no se advierte su utilidad en miras a obtener la prosecución real del juicio, toda vez que del mérito de autos no es posible concluir que tal libelo haya sido siquiera proveído, no obstante lo cual, las compulsas del expediente principal fueron remitidas al tribunal de alzada, prosiguiéndose, en consecuencia, la tramitación de la causa a instancias del propio tribunal;
SEPTIMO: Que ahora bien, en relación al argumento consignado en el numeral 2º del razonamiento cuarto, resulta pertinente señalar que el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil establece que “?cuando la apelación proceda sólo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo de la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva”.
Que sobre el particular, cabe tener presente que al concederse una apelación en el solo efecto devolutivo, el tribunal de primera instancia queda con una competencia condicional para continuar conociendo el caso sub lite, con arreglo a lo previsto en la citada disposición legal, incluso para dictar sentencia, toda vez que, lo obrado ante el tribunal inferior, con posterioridad a la concesión del recurso en el solo efecto devolutivo, se haya subordinado a lo que se resuelva respecto de la apelación interpuesta y pierde eficacia en el evento de que ella sea acogida, pues en este caso todo lo actuado en primera instancia debe retrotraerse al estado en que se hallaba el juicio antes de concederse el recurso, sin que ello implique o pueda ser interpretado en el sentido de que las partes quedan eximidas en estas circunstancias de su obligación de instar por la prosecución del juicio, a fin de que el pleito llegue efectivamente a su término;
OCTAVO: Que en razón de lo señalado, parece adecuado puntualizar que dictada la resolución judicial de fecha 10 de enero de 2006 que negó lugar al recurso de reposición interpuesto por el demandado, respecto de la resolución que tuvo por contestada la demanda en rebeldía suya y habiéndose concedido la apelación subsidiaria en el solo efecto devolutivo, no se encontraba el actor eximido de la carga de dar impulso al proceso en dicha etapa, pues debía, de propia iniciativa, efectuar todas las gestiones o actuaciones conducentes a obtener la terminación del pleito.
Sobre el particular resulta pertinente recordar que este Tribunal de Casación ha sostenido que la institución del abandono del procedimiento “está establecida para sancionar la negligencia de las partes en procurar la continuidad del proceso e instar por el término del juicio, atendido que es fundamental para el legislador que prima la certeza jurídica que las partes requieren y, asimismo, para que se consoliden los derechos de aquéllas, de modo que impere el estado de derecho que toda sociedad organizada requiere” (Fallo del Mes Nº 484, página 57);
NOVENO: Que la conclusión precedente se refuerza por la circunstancia de que, a partir de la modificación introducida por la ley 18.705 al Código de Procedimiento Civil, se vio confirmada la interpretación jurisprudencial que consideraba a la actividad procesal idónea para interrumpir el plazo del abandono, como la revestida de utilidad o trascendencia en orden a la marcha o prosecución del juicio. “En buenas cuentas -ha ex presado el procesalista Guillermo Piedrabuena Richard- después de la Ley 18.705, los litigantes tienen que estar permanentemente preocupados de activar los pleitos e incluso nos atrevemos a afirmar, deben estar dispuestos a requerir a los tribunales, por todos los medios que estén disponibles, jurisdiccionales o disciplinarios, para que éstos cumplan con las obligaciones que el Código establece como imperativas” (Fallos del Mes, Documento Nº 9, páginas. 30-3)
Es evidente que las peticiones de los litigantes deberán ser eficaces para dar curso progresivo al procedimiento, siendo insuficientes para tal efecto las presentaciones que no reúnan tal calidad, esto es, que no conduzcan efectivamente al desarrollo o avance del litigio.
El abandono que sanciona el artículo 152 del Código del ramo es el que se hace del procedimiento, por lo que a tal dejación- cuando es alegada- sólo pueden oponerse actos jurídicos procesales, entendiéndose por tales, en concepto de Chiovenda, “los actos que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal, esto es, los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal. (Derecho Procesal Civil, tomo III, pág. 132) El profesor Juan Colombo enseña que para el surgimiento del abandono del procedimiento las partes no deben haber realizado ningún acto de carácter procesal que lo interrumpa (Los Actos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, 1997, tomo I, página 71);
DECIMO: Que lo razonado precedentemente conduce irremediablemente a desestimar la infracción denunciada respecto del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que dicha norma fue acertadamente aplicada en la especie por los jueces del mérito, quienes según se ha dicho, efectuaron una correcta interpretación de la citada disposición legal;
UNDECIMO: Que sin perjuicio de lo señalado, cabe consignar, además, que la circunstancia que el recurrente mencione como infringidas las normas contenidas en el Título XVI del Libro I del Código de Procedimiento Civil, torna inadmisible la casación, po r cuanto, tratándose de un recurso de derecho estricto no es procedente denunciar en forma genérica todo un título del citado estatuto legal;
DUODECIMO: Que, por consiguiente, los errores de derecho en que se hacen consistir las infracciones legales denunciadas, no se han cometido, por lo que el recurso en estudio debe ser desestimado. Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo, deducido en la petición principal de la presentación de fojas 53, por el abogado don Waldo Farías Fritsch, en representación del demandante Banco de Chile, en contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil siete, escrita a fojas 52.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz A.
Rol Nº 5.448-07.-
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Kunsemüller L. y Haroldo Brito C. y Abogados Integrantes Sres. Domingo Hernández E. y Benito Mauriz A.
Autorizado por la Secretaria Rosa María Pinto Egusquiza.